¿Políticas de Estado o improvisación ante los desastres?

abr 06, 2015
Tomas Norambuena

Julián Cortés Oggero, Asesor Jurídico de Fundación Más Ciencia


¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?
Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar -dijo el gato.
-No me importa mucho el sitio-dijo Alicia.
-Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes -dijo el gato.
-siempre que llegue a alguna parte -añadió Alicia como explicación.
-¡Oh, siempre llegarás a alguna parte -aseguró el gato-, si caminas lo suficiente!

Alicia en el país de las maravillas.
Lewis Carroll

Chile, los riesgos, las emergencias y los desastres

Chile históricamente se ha visto expuesto a los más variados desastres naturales; de hecho, existen al respecto testimonios fidedignos de los pueblos originarios que habitaron el territorio así como de los posteriores cronistas europeos.

Sin ánimo de desconocer ciertos “Gestos de Estado”, la práctica ha mostrado que la voluntad del Estado de Chile en materia de institucionalidad de emergencias –y eso sin considerar la planificación para la gestión del riesgo- ha sido más bien esporádica, de corto aliento, y de una pasmante discontinuidad histórica. En ocasiones se ha improvisado, y en la mayoría de las veces, se han llevado adelante intentos apresurados que no recogen de manera mesurada, crítica y reflexiva los saberes y la experiencia internacional. En otras palabras, Chile ha carecido históricamente de una “Política de Estado en materia de planificación de sus riesgos y emergencias”, generando un vacío no sólo en cuanto a una institucionalidad adecuada para la gestión del riesgo y amenazas de socio-naturales que se haga cargo de todos los ciclos y fases que comprende, sino también, porque no se ha enriquecido ni ha creado los lazos y puentes para con los sectores de la sociedad civil que poseen las competencias necesarias para la introducción de capacidades e inteligencia al sistema; vale decir, aquellos sectores con el conocimiento directo por su trabajo de campo y la experiencia en la materia, por ejemplo, Universidades, Bomberos, Cuerpos de Socorro, institutos y fundaciones abocadas a la planificación y la gestión del riesgo.

De más está en insistir que este problema –una vez más- ha quedado en evidencia tras los sucesos recientes. En ellos ha quedado reflejado, que el actual modelo es incapaz de abordar de manera ordenada, coordinada y metódica todo lo que implica la gestión del riesgo. Con la impronta netamente “emergencista”, se niega además a identificar de manera sistémica la diversidad de las amenazas naturales en el territorio nacional, así como los “inputs” necesarios para generar las competencias y capacidades técnicas para hacerles frente de manera integral. En definitiva, en estas materias Chile resulta ser un país vulnerable e ineficaz para introducir a su sistema de emergencias la inteligencia capaz de asegurar contención y resiliencia ante la ocurrencia de desastres.

Una lógica de reacción para el siglo XXI

 “Después del terremoto de marzo de 1985 el recién estrenado Ministro de Hacienda de Augusto Pinochet, Hernán Büchi, emprendió la privatización de las empresas estratégicas del Estado. Así también, -25 años después- el sismo que afectó las zonas centro-sur del país en febrero de 2010 generó un escenario especial para el primer gobierno de derecha elegido después de medio siglo.
La destrucción de barrios, pueblos y ciudades del sur de Chile abrió una oportunidad inesperada para un gobierno que optó por incluir a los empresarios en el diseño y la ejecución de lineamientos políticos. A tal punto, que incluso la planificación territorial de la reconstrucción pasó a ser materia que la institucionalidad ordinaria no contuvo: se tomó la decisión política de articular el retiro programado del Estado mediante la entrega de iniciativas al sector privado(1)

Es imprescindible que una legislación que quiera abordar de manera integral la Gestión del Riesgo, sepa diferenciar e integrar entre quien genera conocimiento, para introducir inteligencia e innovación tecnológica en el sistema, de quien pone en operación el sistema.

El marco normativo debe tener un enfoque basado en principios: hacia la construcción de un sistema de gestión de riesgos (no de desastres), el cual debe ser (i) de carácter prospectivo, (ii) integral, o sea, ocuparse de todas las etapas de la gestión del riesgo y de todas sus dimensiones (económica, social, institucional, científico-tecnológica, política, ambiental y territorial), y (iii) incorporar participativamente a todos los actores que intervienen (institucionales, académicos y la sociedad civil).

La Ley debe estar orientada a crear, dirigir y fortalecer una verdadera “Política Pública”, desde enfoques no subsidiarios del Estado, con responsabilidad social, aportes permanentes y consistentes en el tiempo, y sobretodo, con la participación de la sociedad civil.

Además, debe ser coherente con la construcción de una institucionalidad del conocimiento en el país, que se haga cargo del ciclo virtuoso de la gestión de los riesgos socio-naturales, o sea, del aprendizaje de las experiencias en todas las dimensiones que comprende: prevención-mitigación, preparación, respuesta y recuperación-reconstrucción.

Si bien el pasado 16 de Diciembre del año 2014, la Presidenta Michelle Bachelet firmó las indicaciones sustitutivas que preparó su Gobierno para crear una nueva institucionalidad para la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), la cual será reemplazada por el nuevo Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias(2), a la fecha –y si no es por las tragedias tanto en el norte como el sur del país- poco y nada se saben de estas indicaciones(3).

Por lo anterior, las atenciones necesarias debieran estar orientadas a:

– El financiamiento de las materias de gestión del riesgo debe ser incorporado de manera permanente a la Ley nacional de presupuesto.

– Garantizar una gestión intersectorial.

– Implementar un diseño descentralizado, desconcentrado y participativo, que asegure el fortalecimiento de competencias y recursos permanentes a nivel local.

– La Ley debe potenciar el rol del Estado para fortalecer capacidades y responsabilidad social en el incremento de la resiliencia.

– Garantizar derechos económicos, sociales y ciudadanos en todas las etapas de la gestión de los riesgos socio-naturales.

– Incorporar el diseño e implementación de instrumentos de planificación territorial integrales (social, físico, político, administrativo, económico-productivo), considerando el uso de los recursos y el desarrollo local sustentable y resiliente.

– Promover el desarrollo y mantención del proceso de generación y avance del conocimiento científico-tecnológico del riesgo.

 

DESCARGA EL PDF AQUÍ

 

(1) Fuentes, L. y Schüler, U. “La política social de Marcalli” El terremoto y la oportunidad de los empresarios. Páginas 10-11. Universidad de Chile. Instituto de la Comunicación e Imagen. Ceibo Ediciones. 1° Edición. Marzo 2014. Santiago de Chile.

(2) Boletín 7550-06. Proyecto de Ley que “Establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil” ingresado el 22 de Marzo de 2011. Actualmente se encuentra en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado para su Segundo Trámite Constitucional. Su tramitación está paralizada desde Octubre del 2014.

(3) Fueron consultadas al respecto la tabla, la cuenta, el resumen y las sesiones del Senado desde el 17.12.14 hasta 27.03.15; además de la búsqueda por el Boletín 7550-06 en la sección de tramitación de los proyectos de ley.

1 Comentario Dejar nuevo

Rodrigo Fernandez
6 de abril, 2015 1:56 pm

Yo voy a comentar acerca de lo que la ciencia y la tecnologia mopderna podrian aportar en el ambito de la alerta temprana. Un ejemplo de una cadena de informacion ideal: La direccion meteorologica produce un archivo digital con una resolucion de 1-5 KmX1-5Km resultado de un modelo actualizable de precipitacion; otra insitucion o subgrupo, integra ese modelo dentro de un modelo hidrografico que considera efectos orograficos, escurrentia, caracteristicas del suelo etc para predecir caudales de agua y carga sedimentaria; este modelo a su vez, se integra dentro de un modelo de impacto geologico sobre areas pobladas, que haga uso de informacion de geologia de la ciudad, censos poblacionales, infraestructura etc para poder PREDECIR posibles impactos; finalmente, la ONEMI y gobiernos regionales toman la decisionion politica de evacuar poblacion y lanzar medidas preventivas y paliativas. Con este ejemplo quiero ilustrar que aunque se inventen nuevas instituciones o se hagan cambios cosmeticos en las que tenemos, a no ser de que se considere una perspectiva tecnica y moderna, nunca vamos a tener la respuesta eficiente y acertada que todos esperamos. Para implementar esta respuesta moderna, basada en ciencia e ingenieria aplicada, se necesitara por ejemplo hacerse de satelites especificos (monitoreo de clima/volcanes/temblores etc., comunicaciones, uso de tierra etc), crear instituciones nuevas con el concurso de las universidades, formacion de personal, inversion en infraestructura preventiva etc.. Ademas se requiere fomentar las ciencias aplicadas, tecnificar y modernizar los organismos existentes (probablemente inventando una legislacion que incluya reglas especiales, flexibles y ejecutivas para los organismos tecnicos del estado). La respuesta final debera traducirse en un modelo amplio que incluya modelos tecnicos anidados, que funcione en linea, en tiempo real, que sea actualizable, que posea una conectividad exclusiva via satelite y que ademas de informar a la autoridad, sirva como fuente de educacion e informacion para la poblacion. En Chile tenemos la necesidad, el capital humano (al menos en potencia) y la verdad es que me parece que tambien estan los recursos. Muchos saludos. Rodrigo Fernandez, Geologo PhD MSc, Universidad de Texas en Austin.

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